Propuestas del Grupo 80/20

Pelegrin Castillo:
I- Acciones y áreas para interdicción migratoria de alta prioridad e impacto.
1.En las grandes ciudades, en el sector terciario, existe una desbordada presencia de nacionales haitianos indocumentados e ilegales, que afectan las oportunidades de inserción en la economía formal e informal de los dominicanos sin calificación laboral.
Esa presencia es ostensible, incluso, en el transporte público como choferes y moto-conchistas y en la venta de productos en las vías públicas. También, es posible comprobarla en los fines de semana en actividades de mendicidad que involucran menores, y que es altamente probable que sean resultados de tráfico de personas por organizaciones criminales.

2. En las cuencas altas y medias de los ríos de la R…
   [7:25 p. m., 27/10/2022] Pelegrin Castillo: Propuestas del Grupo 80/20
   I- Acciones y áreas para interdicción migratoria de alta prioridad e impacto.
   1.En las grandes ciudades, en el sector terciario, existe una desbordada presencia de nacionales haitianos indocumentados e ilegales, que afectan las oportunidades de inserción en la economía formal e informal de los dominicanos sin calificación laboral.
   Esa presencia es ostensible, incluso, en el transporte público como choferes y moto-conchistas y en la venta de productos en las vías públicas. También, es posible comprobarla en los fines de semana en actividades de mendicidad que involucran menores, y que es altamente probable que sean resultados de tráfico de personas por organizaciones criminales.
3. En las cuencas altas y medias de los ríos de la República habita por igual una gran cantidad de haitianos, que apenas son percibidos por la ciudadanía y las propias autoridades.
   Eso abarca las inmediaciones y zonas de amortiguamiento de los parques nacionales. Son en buena medida responsables de las prácticas de conuquismo, tala para hacer carbón e incendios forestales.
   Esas áreas son particularmente sensibles, por lo que la intervención en la misma urge por tratarse de un asunto que interesa a la seguridad nacional. Sobre este particular destacamos el informe “Seguridad Medioambiental en RD: ¿Promesa o Peligro?”, elaborado por la Fundación de Seguridad y Sostenibilidad (FESS) de los EEUU, elaborado en el año 2005, en el que alertaba sobre el fenómeno, que solo se ha agravado con el correr de los años.
   Los reportes que tenemos nos indican que en los alrededores del Parque Nacional Los Haitises, Parque Jaragua, y en las Cuencas Altas y Medias del Río Artibonito, esa presencia depredadora, se ha incrementado significativamente en los últimos años.
4. Es sabido que existen compañías de seguridad privada, que incorporan a sus servicios a nacionales haitianos con documentación ilegal o falsa. Sugerimos con el debido respeto y consideración proceder con un mayor rigor y celeridad para erradicar y sancionar esa práctica. Lo mismo aplica para la contratación de nacionales haitianos en labores de vigilancia de edificios públicos o privados.
   En el mismo sentido, deben proceder las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las Policías Municipales, empresas de seguridad y transporte de valores, al través de un trabajo de inteligencia sostenido, para evitar que sus integrantes sean extranjeros.
5. Las instituciones gubernamentales y las municipalidades no deben contratar extranjeros, y en particular, nacionales haitianos, en labores que pueden realizar los dominicanos. Eso es fundamental para reforzar la autoridad del Estado al momento de proceder a la aplicación de la ley de migración, al tiempo que se reduce reduce el efecto llamada que está situación acarrea.
6. El sector de la economía donde existen menos razones para que se opere un proceso de desnacionalización laboral, es el turístico. No solo recibe importantes exenciones y facilidades, sino que es el que más proyecta la imagen al exterior del pueblo dominicano. Este aspecto debe cuidarse tanto como los contenidos artísticos y culturales que se proyectan a los turistas durante su estancia en la República.
   6- Desmontar drásticamente el tráfico o traslado masivo de nacionales haitianos hacia el territorio nacional: aunque dicho tráfico es una política alentada, financiada e impulsada por poderes foráneos y locales, es en gran medida operada por redes criminales tanto en Haití como en RD, que operan con la tolerancia o complicidad de agentes de autoridad civiles y militares. Dentro de esas redes criminales, hay algunas que están participando en un proceso sutil de defraudación de fondos públicos de RD, como lo es, el tráfico hacia los hospitales, en particular, hacia las maternidades, el cual le permite a ONGs nacionales e internacionales obtener jugosos dividendos, ya que cobran a los pacientes y parturientas haitianas, por unos servicios de salud que lo prestan los centros médicos públicos con fondos del erario dominicano, en grave menoscabo de los derechos de la población dominicana a acceder a servicios de salud de calidad y en condiciones de gratuidad. RD dedica apenas 2.8% del PIB al Ministerio de Salud Pública, lo que constituye un porcentaje bajo para la población dominicana, y las autoridades han admitido públicamente que esos servicios están desbordados y menoscabado por esa realidad.
7. Uno de los mayores peligros que enfrenta RD es la creciente pérdida de cohesión social y territorial, especialmente, en la frontera y de montañas, pero, también, en otras zonas sensibles de la República cercanas a los polos turísticos más importantes. En consecuencia,
   resulta de alta prioridad desmontar esos asentamientos humanos- que se estiman en alrededor de 400 a nivel nacional-, que, por demás, algunos de los mismos se están levantando con apoyo extranjero. Urge también aprobar sin más dilaciones, la legislación sobre el régimen de propiedad especial en la región fronteriza como lo ordena el Articulo 10-2 de la Constitución de la República.
8. Procede a la mayor brevedad posible, la recuperación del espectro radioeléctrico de la República Dominicana que, según muchos los reportes, está siendo penetrado y anulado en toda la región fronteriza por las emisiones de la radiodifusión de Haití, en flagrante violación a los diversos acuerdos bilaterales y a las normas internacionales sobre la materia.
   Esto es relevante en la medida en que con las emisiones radiales se genera una penetración cultural que refuerza las tendencias al traslado masivo de nacionales haitianos hacia el territorio nacional, y crea el indeseable efecto llamada hacia nuestro territorio. Estas prácticas, propiamente, constituyen una agresión a la integridad territorial de la República, en flagrante violacion a los Artículos 9.3 y 10 de la Constitución de la República.
   II
   Otras Acciones de mayor importancia estratégica y complejidad
9. Es oportuno que el Estado disponga que ningún trabajador dominicano perderá los beneficios o subsidios sociales, en caso de ser incorporados a un trabajo formal, en especial, a la industria de la construcción y la agropecuaria dentro de ciertos rangos salariales.
   En la práctica, el sistema de subsidios públicos, tales como Bono Gas, Solidaridad, Bono Luz, Supérate-junto con las remesas-, han venido operando como poderosos desincentivos a la incorporación de los dominicanos al mercado laboral formal.
   Recordemos que el mejor instrumento de lucha contra la pobreza es un empleo digno y estable. Más aún, abogamos por la adopción de un compromiso del Estado con subsidiar temporalmente el régimen contributivo de la Seguridad social, para todos los trabajadores del sector agropecuario sujeto a que se respeten las normas de nacionalización del trabajo.
10. Instituir mediante ley, el Servicio Social para el Desarrollo, contemplado en el Artículo 75 de la Constitución de la República. Esta institución no solo debe concebirse como un medio poderoso para impulsar procesos de integración social y nacional de la juventud, sino como un mecanismo de reforzamiento del potencial productivo de la República.
    El grupo etario que comprendería el SDD abarca a los jóvenes entre 16 y 21 años, y en su proceso formativo pueden cumplir con tareas relacionadas con la producción nacional. Estamos hablando de un núcleo de aproximadamente 1,200,000 jóvenes, que deben tener dentro de los servicios sociales para el desarrollo, la experiencia de sembrar, cosechar y reforestar, así de la de construir o reparar. Eso facilitará el acceso al primer empleo, permitirá identificar el mejor recurso humano para el relevo de productores agropecuarios, mejorará el ingreso de las familias, y proporcionará una mayor disciplina y formación en valores. También debería, en algunas zonas de la República, establecerse el año escolar cafetalero, o su equivalente. El trabajo asociado al medio rural, siempre que no sea peligroso, será una experiencia altamente formativa para los jóvenes, al tiempo que refuerza la seguridad alimentaria de la República.
11. Establecer el Fondo Nacional de Mecanización y Tecnificación Agropecuaria, para proceder a financiar la adquisición de equipos y maquinarias que modernicen e incrementen la productividad de ese sector estratégico, dentro de una visión de seguridad alimentaria, estrechamente vinculada a la seguridad nacional.
    Los pequeños y medianos productores deben beneficiarse de programas que faciliten estos servicios a sus cooperativas y a los productores individuales. Además, se puede comprobar sin dificultad, que uno de los factores que más han contribuido al rezago de modernización de la agropecuaria, es la oferta creciente de mano de obra en condiciones de ilegalidad y atraso.
    Esto también ha sido ocasión de un proceso de denuncias internacionales contra República Dominicana que puede afectar nuestros intereses y nuestra imagen exterior, que debe ser protegida.
    El Sector Agropecuario ha sido el que más ha aportado a la construcción de la nación dominicana desde su fundación, muy especialmente, la independencia y la restauración de la República.
    El desarrollo urbano, industrial, turístico, infraestructura y democrático institucional, no hubieran sido posibles sin los aportes y sacrificios de los productores del campo.
    El precio de conservar la nación es rescatar, relanzar y potenciar al sector agropecuario. Azúcar, Arroz, Habichuelas, Tomates, Plátanos y Bananos, Café, Ganadería…son algunos de los sectores que pueden ser impactados considerablemente por estas y otras políticas públicas.
12. Crear el Fondo de Mecanización y Tecnificación de la Industria de la Construcción, así como definir un programa de incentivos a la industria de la construcción de viviendas prefabricadas urbanas y rurales y de obras privadas asociadas a esquemas fiduciarios (Fideicomisos) con fondos del Estado.
    Asimismo, elevar las tarifas laborales para la Industria de la Construcción, facilitar los mecanismos de contratación, aplicar cabalmente sus normas de seguridad y eliminar cargas laborales.
    No existe ninguna razón para que en la construcción de obras públicas, construidas por el Estado con dinero público, se emplee mano de obra extranjera en violación a las normas de nacionalización del trabajo fijadas en el Articulo 135 y siguientes del Código de Trabajo, mas bien conocido como el 80-20%.
    Si las empresas constructoras de obras públicas, son las primeras que violan ese mandato constitucional y legal, habrá más dificultad para aplicar sanciones a las empresas privadas o particulares, que también están violentando brutalmente esta norma laboral de rango constitucional y legal.

13-Entre los factores que más impactan negativamente el empleo de mano de obra nacional, se encuentra sin dudas los elevados costos de intermediación que se verifican en la producción agropecuaria, así como los sobreprecios y costos ocultos determinados en los elementos fundamentales que intervienen en la industria de la construcción, como resultado de arraigadas prácticas monopólicas y anti competitivas. Por tanto, deben concebirse mecanismos que permitan atacar, contener y reducir las prácticas anticompetitivas y las colusiones, que terminan por golpear el eslabón más débil de la cadena productiva: la mano de obra no calificada. que es el sector con menor poder y facultades de negociación, lo que implica afectar el derecho de los dominicanos a trabajar en su nación. Asimismo, es preciso apoyar con recursos diversos, los planteamientos que han formulado sectores sindicales para dar apertura a las escuelas de formación de trabajadores dominicanos de la construcción. No es aceptable que se siga promoviendo la falsa idea que el dominicano no quiere trabajar.

14. Debe concebirse, también con urgencia, una visión de nueva ruralidad, que haga posible que los dominicanos permanezcan en las zonas rurales, y que muchos otros retornen, tomando en cuenta las futuras regulaciones sobre el territorio dominicano.
    La columna vertebral de esa visión de nueva ruralidad debe ser el rescate y reconstrucción de la red nacional de caminos productivos, así como la voluntad de llevar a todos los medios rurales los servicios públicos esenciales que se brindan en las ciudades-, algo que resulta más que factible con el empleo de las tecnologías modernas en comunicaciones y energías renovables. Es imperativo un mayor acceso nacional a Internet, para lo cual se precisa una reducción del impuesto de 30% a las Telecomunicaciones y la incorporación de tecnologías de punta. Todo esto es clave para alcanzar la meta de Seguridad Alimentaria dispuesta en el Artículo 54 de la Constitución.
15. La política de visado a extranjeros debe ser restrictiva, muy especialmente, en los consulados de Haití. No se puede renunciar a la exigencia de la ley y el reglamento, de que el otorgamiento del visado debe realizarse después de presentar en los consulados dominicanos en Haití la solicitud de contrato de trabajo y la fianza por una empresa o empleador en la República Dominicano.
    Tratar de dejar de lado esta norma, en nombre de un pretendido pragmatismo, enviaría en las presentes circunstancias, el mensaje menos indicado y contraproducente a los vecinos y al mundo, y anularía el discurso diplomático oficial del gobierno dominicano. No es preciso modificar la ley de migración ni las disposiciones relativas a la nacionalización del trabajo: lo que procede es aplicarlas con racionalidad y responsabilidad. Lo mismo decimos en relación con el otorgamiento del visado de estudiante. RD debe y puede contribuir a formar recursos humanos haitianos para el desarrollo de Haití.
    Ello debe implicar, en principio, el compromiso de retornar a su país. Pero sobre este particular, es necesario, además, promover un compromiso internacional de que todas las naciones hagan lo mismo, al tiempo que se faciliten los medios necesarios para que ese recurso humano formado sea insertado en proyectos de desarrollo o servicios sociales en su nación.
16. El sistema educativo de República Dominicana debe ser adaptado para que cada escuela pública y privada, en los municipios con vocación agrícola o pecuaria posea un huerto y un granja, y que, además, tenga un área asignada de reforestación y cuidado de bosque y fauna.Todos los jóvenes dominicanos deben tener la experiencia de sembrar, criar animales y forestar. También debe establecerse el bachillerato agrícola, pecuario y forestal. En ese mismo sentido, las FFAA deben estimular que su personal de origen rural, solicite en los centros de educación superior inscribirse en carreras técnicas y profesionales en agronomía, veterinaria, y forestación, al tiempo que se les facilitan medios para un retiro anticipado en asentamientos rurales en la zona fronteriza.
    El objetivo de estas medidas es coadyuvar al necesario relevo de productores, y reforzar la seguridad alimentaria, base de la seguridad nacional, de la República.
17. Se precisa que el Ministerio de Trabajo en coordinación con las Alcaldías municipales, den apertura a las oficinas de intermediación laboral, como un servicio público gratuito, que facilite la conexión entre trabajadores y empleadores urbanos y rurales, y que a la vez, contribuyan a obtener y organizar la información acerca de los mercados labórales.
    Esa medida debe complementarse con el establecimiento por ley del registro municipal obligatorio, que es una medida que ayudaría sensiblemente a la seguridad nacional y ciudadana.
    18- Contrato de trabajo. Los haitianos ilegales e indocumentados que están radicados en RD, no pueden obtener visas de trabajo si la solicitan desde el territorio dominicano. La solicitud, debe ser hecha en su pais de origen, y una vez aprobado el contrato de trabajo y entregada la fianza del empleador, podrá procederse al otorgamiento del visado.
18. Reformulación de la Norma DGII del 2007, que permite a las empresas constructoras considerar como gastos deducibles los pagos de nóminas de trabajadores, sin anexar el listado de los contratados y sus datos personales, ni el monto de lo pagado efectivamente. Las empresas de la construcción no pueden tener incentivos fiscales, otorgados por el propio estado, para violar el código laboral y las normas de la seguridad social.
19. Es fundamental que se aplique con rigor las sanciones previstas en la ley para el tráfico ilegal de personas hacia el territorio nacional, procediendo, especialmente, a realizar las incautaciones de los vehículos empleados, así como las multas correspondientes. Lo mismo debe aplicar para los que alquilan viviendas o arriendan predios a extranjeros desprovistos de su documentación legal. Todos los pasajeros que aborden vehículos de transporte público en las provincias fronterizas deben hacerlo exclusivamente en estaciones designadas a tal efecto, debidamente inspeccionadas por oficiales públicos y monitoreadas con tecnología biométrica.