PROCLAMA EN DEFENSA DE LA NACIÓN DOMINICANA

Los, suscritos ciudadanos dominicanos, exponemos al Señor Presidente Luis Abinader y  su equipo ejecutivo que le acompaña, en nombre de los intereses permanentes de la Patria fundada por Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, las siguientes reflexiones, preocupaciones, reconocimientos y reclamos:

1. Constituye un hecho inocultable ante el país y el mundo, que se ha generado una situación lesiva a la nación, consistente en el traslado masivo de nacionales haitianos sin documentación que los avale, para penetrar nuestro sagrado territorio, apoyado con recursos foráneos y locales, produciendo efectos desestabilizadores en todos los órdenes en la vida nacional, y menoscabando cada vez más la cohesión social y territorial de la República.
   Esta situación crea temores y fricciones en la población y nos convierte en cotidianos testigos de episodios de violencia sangrienta, así como del resurgimiento de las viejas prácticas de suplantación de identidades de dominicanos por haitianos, mediante el uso de sobornos y otros medios corruptos. Esta situación antes descrita, alienta la permanente pretensión de sectores del liderazgo haitiano de que nuestro territorio les pertenece y que simplemente lo están recuperando, siguiendo una estrategia de ocupación progresiva, que ha ido pasando de tener un carácter pacifico y silente a otro agresivo y desafiante.
2. Resulta altamente peligroso el ambiente de polarización y confrontación entre fuerzas políticas y sociales que impera en el vecino Estado, aprovechado por actores foráneos y locales con propósitos siniestros de perturbar la paz y la estabilidad en toda la Isla y la Región del Caribe. Además, constituye motivo de alarma la gran cantidad de bandas organizadas que están recibiendo, desde el  exterior,  armamento moderno, abundantes municiones, equipos avanzados de comunicaciones y cuantiosos recursos económicos que crean desestabilización en Haití, con alto riesgo de crear la figura del Refugiado, a quien se le impide vivir en su propio país, y se ve “forzado” a refugiarse en República Dominicana.
3. Es más que previsible que en un futuro cercano, ante el acentuado deterioro económico y social que ha generado en la República Dominicana y en la Isla de Santo Domingo el impacto de la pandemia Covid-19, se tornen altamente volátiles y explosivas las relaciones entre dominicanos y haitianos, si nuestras autoridades civiles y militares no hacen un gran esfuerzo de superar la tradicional actitud de debilidad, descoordinacíon y dispersión, al momento de aplicar la Constitución y las leyes para el cumplimiento de su misión de proteger los intereses de la República, de modo “justo y enérgico”, como reclamara Juan Pablo Duarte.
4. Constituye una provocación inaceptable,  a la vez que un nuevo y burdo atropello a la soberanía y autodeterminación nacionales, que precisamente en el aniversario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, la AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), persista en su aviesa e innecesaria campaña de confundir casos de indocumentación provocados por el incumplimiento del gobierno haitiano de sus obligaciones básicas con sus ciudadanos y sus deberes internacionales, con una supuesta práctica de fomento de la apátridia atribuida al Estado dominicano, que nunca tendrá asidero jurídico en el ámbito de las relaciones dominico-haitianas, toda vez que la Constitución de Haití, en su Artículo 11,  es clara en atribuir la nacionalidad a los hijos de haitianos en virtud del principio de Ius Sanguinis: Los hijos de haitianos, son haitianos donde quiera que nazcan.
5. Resulta adicionalmente de alta preocupación ciudadana que, después del colosal fracaso que representó el llamado Plan de Regularización Migratoria patrocinado por el pasado gobierno-que merece ser investigado en profundidad -, el anterior Presidente de la República, dentro del periodo de transición luego de pasadas las elecciones del 5 de julio, dictara el Decreto No. 262-20 de fecha 16 de julio del 2020, concediendo graciosamente a 750 haitianos la nacionalidad dominicana, sobre las bases de expedientes irregulares, plagados de ilicitudes y fraudes. Este decreto presidencial, lejos de ser revisado y objetado por las nuevas autoridades, recibió, en principio, una convalidación injustificada ante el Tribunal Constitucional por parte de representantes del actual Poder Ejecutivo, decisiones que podrían sentar un precedente altamente perjudicial para la soberanía de la nación. Esto ocurre cuando el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, con amplia experiencia y compromisos probados en el servicio de las agendas internacionales y las organizaciones no gubernamentales, genera vivas suspicacias con sus primeras declaraciones sobre las relaciones dominico-haitianas.
6. Exhortamos al Señor Presidente  y a su gobierno, que cumplan con su compromiso de campaña, consignado en su programa gubernamental , de  internacionalizar la solución de la compleja crisis haitiana en Haití-al que calificaron en forma responsable y certera “de Estado Inviable hoy”. En adición, también los instamos a rechazar de manera categórica, los crimínales intentos de continuar descargando dicha crisis sobre los hombros del agobiado pueblo dominicano que, por demás, ha sido el más solidario de los pueblos de la tierra con el doloroso drama de esa nación. Además, es necesario nunca olvidar que del cumplimiento sin más dilaciones con ese compromiso justo y moral, depende la paz y la estabilidad en la Isla y la Región del Caribe.

7.- Nuestras autoridades deben reclamar un esquema de corresponsabilidad de toda la comunidad internacional para la reconstrucción de las bases nacionales de Haití, en Haití. Es preciso demostrar, con palabras y acciones, que no existe ni existirá solución dominicana a los problemas de Haití. ! Ese es el mayor desafío del pueblo dominicano y de sus gobernantes del presente y del porvenir, pero, sobre todo, también lo es de toda la comunidad hemisférica, que debe ser interpelada a asumir seriamente sus obligaciones!

8.- En ese sentido, queremos hacer público nuestro reconocimiento y respaldo a la correcta y oportuna intervención del Canciller Roberto Álvarez por ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante la sesión en que se abordó la situación del vecino Estado y la renovación del mandato de la misión del BINUH. Estimamos que sus palabras marcan un verdadero punto de inflexión en lo que ha sido la política exterior de la República en relación con el abordaje del tema de la prolongada crisis social, económica y política de Haití y de la infructuosa gestión que ha demostrado al respecto, la Comunidad Internacional.
Sin embargo, para que esa justa y esperanzadora posición dominicana- particularmente en el mensaje de que “no hay ni habrá  solución dominicana a los problemas de Haití”-, rinda sus frutos de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad tanto en Haití, como en la República Dominicana y en toda la región, resulta imprescindible que vaya acompañada de acciones sostenidas, coherentes y de amplio alcance patriótico, de parte de todas las instituciones del Estado dominicano, tanto en el campo de la política exterior como en las políticas internas, así como de un profundo cambio en la consciencia y actitudes de los sectores del liderazgo nacional y de la ciudadanía en general.

9.- Entendemos que el gobierno dominicano debería proponerse como meta suprema y de alta prioridad producir un cambio sustancial de la política exterior, respaldado por un conjunto de acciones de política interior, concebido dentro de  una visión integral y consistente, propia de verdaderas políticas de Estado. El gobierno debe partir de una conceptualización correcta de la índole del problema con Haití: No se trata de un “problema migratorio”, sino de un gravísimo problema de seguridad internacional. Consideramos que en ese sentido se deberá adoptar una perspectiva realista de los intereses nacionales, desprovista de carga ideológica y de prejuicios inútiles, afincada en la geopolítica de la Isla de Santo Domingo dentro de la región Gran Caribe y su papel histórico en la seguridad hemisférica. Ningún sector de la nación, por poderoso que sea o por temor que tenga frente a las presiones o chantajes internacionales, debe valerse de las crisis de Haití y los haitianos para negociar sus intereses particulares o coyunturales, a expensas de los intereses nacionales de la República, que son su soberanía y autodeterminación, su integridad territorial e identidad nacional, así como el derecho al propio desarrollo de sus potencialidades y recursos para beneficio preferente de todos sus ciudadanos. Debe quedar claramente establecido, además, que los dominicanos, no deseamos ejercer hegemonía o tutela alguna sobre Haití y sus procesos internos y externos, aunque poderes foráneos nos ofrezcan alguna fórmula de respaldo para hacerlo.

10.-Opinamos, de la mejor fe, que el gobierno dominicano debería convocar cuanto antes un esfuerzo de unidad nacional sin precedentes, para revertir las funestas tendencias de fusión de ambas naciones, que se han venido impulsando desde hace décadas desde centros de poder externos con sus representantes locales, y que se han acentuado en los últimos años. Ese perverso esquema de relaciones insulares con la comunidad internacional- en el que la República Dominicana asume el rol de Estado pivote y zona de amortiguamiento de la crisis haitiana y se descomprimen las tensiones resultantes al través de un intenso intercambio triangular de poblaciones: haitianos aquí, dominicanos fuera-, ha probado hasta la saciedad que no ayuda a Haití como nación a superar sus profundas crisis estructurales, y que en cambio, envuelve y arrastra al pueblo dominicano hacia un abismo de disolución social y nacional, de confrontación insular e intervención internacional. Debemos tener bien presente que la política internacional es implacable, y que la nación que no defiende con valentía y unidad sus intereses permanentes perderá el respeto de las demás naciones y será tratada peor que una colonia.
Es Hora de Patria, es hora de Acciones Históricas, es hora de Unidad con espíritu Duartiano y Trinitario, de los “Buenos y Verdaderos Dominicanos”.
7 de octubre de 2020.
FIRMADOS