Pelegrin: “Ha faltado voluntad y coraje desde los Poderes Públicos”.

El Vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista Pelegrin Castillo expresó que los serios problemas de seguridad nacional y ciudadana son provocados por la falta de voluntad y coraje de los poderes públicos para combatir seriamente la criminalidad organizada y común, que unas veces se expresa como complicidad y otras como irresponsabilidad por miedo o incapacidad.

El exministro y exlegislador explicó que esa preocupante situación, guarda relación a su vez con la fuerte y creciente penetracion del crimen en las instituciones del Estado, la economía y la sociedad, y advirtió sobre los impactos que en el país tendrá previsiblemente la fuerte expansión del crimen en el Caribe insular por la política seguridad fronteriza de Estados Unidos con Méjico.

“Los responsables de los poderes públicos, en especial, el Presidente Medina, deben reflexionar, rectificar y superar, en lo que le resta de su mandato, los desaciertos y fallas que han venido acumulándose por largo tiempo en esta materia, esencial para la preservación de la seguridad ciudadana y el orden público. ¿Cómo es posible que el Presidente Medina diga que no hay política de reinserción de los deportados, cuando la verdad es que en el Congreso se rechazo el proyecto de Ley de Libertad Vigilada que propusimos desde la FNP para esos fines?”, explicó Castillo.

Castillo enumero un conjunto de programa y acciones que fueron propuestos y debieron adoptarse con energía y valor hace tiempo, pero en cambio han sido bloqueados o distorsionados por distintos motivos por la accion encubierta de fuerzas poderosas.

“No se a creado el Consejo de Seguridad y Defensa previsto en la Constitución, ni se han bloqueado las señales de celulares desde las carceles, que son hoy por hoy centro de mando y control del crimen. Tampoco, se han constituido los tribunales especiales de alcance nacional para la criminalidad compleja y de alta peligrosidad, ni se ha modificado el código procesal penal para cerrar las brechas que a todas luces favorecen a los crimínales. Hace tiempo que muchos venimos abogando por esto, y la verdad es que no se ha querido actuar ”, puntualizó Pelegrin.

Pelegrin Castillo recordó que el Senado no se atrevió a aprobar la ley de interceptación aérea y marítima para recuperar el control de esos espacios, y declarar el ejercicio de la legitima defensa frente a la intensa incursión ilícita de aviones y lanchas autorizando su derribo y hundimiento, al tiempo que sigue bloqueada la entrada en vigencia del programa de radares de gran alcance y tecnología avanzada de manufactura israelí.

“Con la creciente vulnerabilidad de la frontera terrestre con Haití, que constituye la estructura de corrupción transnacional más compleja y peligrosa, por la qué transitan armas, drogas, mafias, vehículos robados, dinero sucio, no es verdad que tendremos seguridad nacional y ciudadana. El asalto y robo que sufrió la Defensora del Pueblo es más que elocuente”, enfatizo Castillo

Ademas, exhortó a las autoridades competentes a implementar los organismos previstos en ley antiterrorista, a aprobar la leyes del sistema nacional de inteligencia y servicio social para el desarrollo ordenadas por la constitución, a profundizar en la reforma de la Policia Nacional y las FFAA dotándolas de más recursos y mejorando substancialmente el estatuto de servicio de sus miembros, asumir la propuesta de Plataforma Méjico o su equivalente para la interconexión de la base de datos de los organismos de lucha anticrimen, regular la comunicación social hacia los jóvenes y niños conforme a los mandatos de la constitución, así como a implementar el registro municipal de ciudadanos.

Finalmente, Castillo consideró inaceptable que la nueva Ley de Armas haya cercenado el derecho de millones de personas jóvenes a portar armas con restricciones injustificadas como la de exigir una edad mínima de 30 años para la expedición de la licencia , al tiempo que anunció que la Fuerza Nacional Progresista atacará próximamente esa ley con un recurso de inconstitucionalidad: “cuando el estado no garantiza la seguridad de las personas es que menos puede restringir el uso de armas, que son claves para su legítima defensa”