victorsuarez158 El artículo que bajo la firma de Ramón Núñez publica en su edición de este jueves en sus páginas de opinión el matutino Hoy no tiene punto de desperdicio. En el mismo, entre varios atinados señalamientos, el destacado comunicador e ingeniero, quien es además miembro de la Junta Monetaria, menciona los varios factores que atentan contra la institucionalidad, en especial la falta de supervisión que han permitido casos tan evidentes de corrupción como los que han tenido lugar en el CEA, CORDE y la OMSA por citar los más notorios.
No es que con ello esté poniendo al descubierto ahora situaciones de flagrante corrupción que venían registrándose por largo tiempo hasta que un acontecimiento determinado sirvió de detonante que los sacó a la superficie convirtiéndolos en escándalos de amplio conocimiento público.
Pero en su caso cobra mayor valor porque no se trata de ningún rabioso opositor al gobierno, sino por el contrario de un talentoso defensor del mismo siempre en base a argumentos muy razonados que no teme señalarle al régimen sus puntos débiles. Una postura y un ejercicio profesional éticamente muy distante del estilo vulgar y contenido viciado de las parcializadas “bocinas”, que van perdiendo toda credibilidad terminando por hacer mas daño que bien a quien supuestamente sirven.
En el caso a que hacemos referencia, Núñez llama la atención sobre el hecho de que a dos años prácticamente del escándalo de la Odebrecht con su admitida entrega de soborno por 92 millones de dólares para la obtención de los varios y jugosos contratos de obras en el país, todavía la Cámara de Cuentas no ha rendido informe sobre la posible sobrevaluación de las mismas.
Para suponerlo mas que probable, a la confesión del soborno se suma la mas que sospechosa circunstancia de que en todas las obras sin excepción el Estado terminó por pagar un precio superior al presupuesto original, que en algunos casos lo ha duplicado, y en prácticamente todos excede la norma del 25 por ciento establecida como tope máximo para cualquier obligado reajuste que surja en el curso de su ejecución.
Hasta ahora la Cámara de Cuentas, por boca de su presidente, ha apelado a todo tipo de excusas para tratar de justificar este retraso en la realización del trabajo de auditoría, que permitiría establecer cualquier posible manejo doloso con el inflado monto de los costos finales, que en conjunto pudieran representar muchos cientos de millones de dólares, multiplicando varias veces los 92 entregados en sobornos.
En más de una ocasión el presidente de la Cámara ha comprometido términos de entrega del trabajo de auditoría que han quedado incumplidos, pese a la vital importancia del mismo tanto para alimentar con nuevos elementos de apoyo el juicio de fondo en curso como para la propia imagen del gobierno y la lucha contra la corrupción, una de cuyas figuras mas abusadas tradicionalmente son los sobrecostos en las obras públicas.
No implicamos un juicio de valor ético sobre la Cámara para lo cual sería preciso contar con pruebas fehacientes que no poseemos. Pero lo cierto es que la demora por inexplicable termina por convertirse en sospechosa. Es así como lo percibe la gran mayoría de la gente.
