victorsuarez158 - Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El juez de instrucción José Alejandro Vargas declaró complejo el expediente por corrupción administrativa abierto a raíz de la Operación Anti Pulpo que, según las autoridades, desarticuló un entramado delictivo operado por Juan Alexis Medina Sánchez, quien deberá guardar tres meses de prisión preventiva.
Medina Sánchez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, al igual que los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, a quienes se les acusa de haber hecho una coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete en caso de ser posible, o bajo vigilancia del Ministerio Público. Ambos tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país.
El exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal.
Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.
El juez alertó que la permanencia de esos tres imputados en las calles puede llevarlos a distraer pruebas del proceso.
Respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario, con un impedimento de salida del país.
Mientras, el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedará en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación Anti Pulpo.
Vargas estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional sea el que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria de juicio.
Antes de anunciar su decisión, el magistrado ponderó aspectos de la acusación del Ministerio Público; en ese contexto, resaltó que “hay una estafa” respecto al suministro de hormigón asfáltico líquido (AC-30) al Estado de una de las empresas de Medina Sánchez en la que el entonces director de la Oisoe, Pagán Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad.
El señor Pagán Rodríguez era “el más arrestado de todos” por la premura en favorecer al imputado Medina Sánchez, dijo el magistrado.
La acusación
Según las investigaciones, Alexis Medina montó una red de empresas, a través de testaferros, para obtener contratos públicos con múltiples instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el jefe de Estado.
En un largo preámbulo, el juez Vargas pidió que no se lleve el caso a la política, librando de cualquier responsabilidad al expresidente Medina, de quien dijo que «siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia».
Sobre Alexis Medina, el juez dijo que «desconoció» que su hermano ocupaba la función que ocupaba y comenzó a hacer negocios «notorios» con el Estado, apostillando que cree que el hermano del presidente «mandaba más que los funcionarios».
Sustracción de 4,796 millones de pesos
La fiscalía acusa a esta red de sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos en contratos obtenidos por medio de tráfico de influencias.
Las empresas de tapadera supuestamente usadas por Medina, según la acusación, fueron creadas en su mayoría después de 2012 para obtener contratos millonarios en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la República.
Junto a Medina, también figura como imputada su hermana Magalys, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de las instituciones implicadas.
Diez de los once acusados fueron arrestados el domingo 29 de noviembre y el undécimo, Wacal Vernavel, fue detenido el pasado sábado.
La audiencia para conocer las medidas preventivas se extendió durante tres días, más de 27 horas en total, un tiempo inusualmente largo para esta fase del proceso, lo que generó quejas, bromas e ironías por parte del juez dirigidas hacia los fiscales y abogados de la defensa por alargar innecesariamente los debates.
sp-am
