victorsuarez158 Pide intervención de la procuradora general de la República Miriam German
Un inversionista nativo de Jarabacoa denunció hoy que ha sido víctima de la extorsión y el chantaje para que la justicia no aclare de una vez y por toda un fraude de dimensiones gigantescas cometida por dos registradoras de títulos en La Vega, que han afectado sus propiedades.
Eduardo Collado dijo que esas registradoras con actuaciones administrativas a todas luces fueras de las leyes y reglamentos inmobiliarios, las autoridades competentes han tratado de ocultar y buscarle una solución por la vía del chantaje y la extorsión, que a nadie en nuestro país debe de extrañarle por lo que estamos viviendo en materia de justicia.
Indicó que asombrosamente de una forma inexplicable en materia de derecho, este problema no se ha resuelto.
Informó que ante esa situación acudió el pasado mes de noviembre por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) presentó una denuncia dirigidas a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y al magistrado Wilson Camacho, con el fin de demostrar lo que ha estado denunciando.
Precisó que al no obtener respuesta, depositó el pasado jueves 4 de febrero, a la magistrada Miriam German Brito, con el expediente 000939, con la esperanza de que nos reciba para iniciar la comprobación de los hechos que ha denunciado.
Manifestó que en ella figuran los nombres y apellidos de los integrantes de la red mafiosa donde hay seis fiscales, cuatro jueces de la jurisdicción penal y cuatro de la jurisdicción civil, cuatro registradores de títulos, dos abogados, un alguacil y dos Notarios que se asociaron para despojarlo de su propiedad en componenda con un empresario.
Dijo que después de su denuncia en enero del año pasado la inspectoría del Poder Judicial dio declaraciones públicas diciendo que se iba a investigar el caso, pero, nunca nos llamaron, no se investigó nada, ni si quieras le pusieron número al expediente que estaba denunciando.
Precisó que dirigió la denuncia al presidente del Consejo del Poder Judicial y a su vez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque después de haber agotado todos los recursos administrativos en la jurisdicción inmobiliaria, no se ha resuelto nada.
Pidió la atención del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antioliano Peralta, para que en virtud del Decreto 33-21 emitido por el Presidente de la Republica, este mismo año, apodere al grupo de abogados comandados por el doctor Sidmund Freud, para que después de revisar todo el proceso administrativo de este caso que tiene procesos civiles, penales e inmobiliarios, le pueda dar una explicación exacta y verídica sobre este conflicto al señor Presidente del a República, y le dé al país una información de lo que esto ha generado donde se ha puesto en peligro la seguridad jurídica.
Dijo que se pone a disposición de cualquier medio de comunicación o programa de investigación que quiera documentar para profundizar este proceso y desenmascarar esa mafia con raíces profundas en el sistema de justicia.
