Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com)
La República Dominicana es un país en vía de desarrollo, con una gran deuda
social acumulada y una deuda externa aproximada al 60% de su Producto Interno
Bruto (PIB), ascendente a unos 60 mil millones de dólares, la cual va in
crescendo, fruto de la voracidad del gobierno actual de querer cubrir todas sus
obras y gastos de capital a base de préstamos externos no fiscalizados. Los únicos préstamos que son
supervisados son los que otorgan los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, cuyos montos son desembolsados a medida que son entregadas las
informaciones requeridas.
Los préstamos obtenidos para obras de infraestructuras de desarrollo que devuelvan su inversión,
siempre que lleguen a su destino final, no se cuestionan. Lo que sí se cuestiona es que casi 1/3 parte de
la deuda externa del país no ha sido utilizada para los fines previstos ni para la solución de los graves
problemas básicos que afectan al país, sino que ha ido a parar a los bolsillos de funcionarios y sectores
de poder.
Es alarmante el abuso con que se derrochan, se tiran por las bordas y se distraen los recursos de
nuestras instituciones públicas, sin que se aplique un régimen de consecuencias a los responsables. Es
muy penoso e indignante observar cómo en la presente gestión gubernamental, en el Ministerio de
Educación, se compraron sin licitación, grandes cantidades de libros, zapatos, mochilas, uniformes,
computadoras y tabletas por más de tres mil millones de pesos, los cuales se echaron a perder, solo para
beneficiar a sus adeptos. Lamentablemente esto no ha llamado la atención a las autoridades
competentes ni a los órganos que conforman el sistema nacional de control.
Donde más se manifiesta el flagelo de la corrupción administrativa y la colusión es en los contratos de
construcción de grandes obras, debido el monto contratado, a las múltiples adendas antojadizas que se
les permite hacer a los contratos (algunos tienen hasta 15), sobrepasando el 25 % del monto del
contrato original exigido por la ley de compras y contrataciones; de ahí que varias instituciones
construyen, remodelan o amplían obras no prioritarias, planificadas, ni incluidas en su presupuesto.
Los ministerios e instituciones públicas que más utilizan estas prácticas deleznables, violentando todos
los procedimientos de la Ley 340-06 sobre compra y contrataciones públicas, son: Educación, Obras
Publicas y Comunicaciones, Salud Publica y Asistencia Social, Agricultura, la OPRET, el Plan Social
de la Presidencia, la CDEEE y las EDES.
También ocurre en las concesiones de obras mediante contratos leoninos; en los pago de obras
sobrevaluadas, inconclusas, y algo peor, de obras no iniciadas. La mayoría de las licitaciones públicas
para las compras y contrataciones se hacen solo para cumplir con ciertos formalismos legales, pues ya
están definidas las personas y empresas que serán favorecidas.
Otra modalidad de corrupción administrativa ocurre con las compras y contrataciones públicas de
bienes y servicios que son declaradas de emergencia. Estas son autorizadas cuando ocurren fenómenos
naturales y cuando se presentan pandemias de gran magnitud, como la ocurrida con el Covid-19, a
través de las compras de grandes cantidades de medicamentos, vacunas, alimentos y equipos, sin
observar los más mínimos controles. También ocurre en los planes sociales de la presidencia y en los
diferentes subsidios otorgados.
Si esto sucede en países de regímenes totalitarios, donde se condena la corrupción administrativa,
serian muchos los funcionarios públicos condenados a la pena capital, pues estos acumulan y exhiben
públicamente sus grandes fortunas, a expensa de la pobreza de los más vulnerables, lo que constituye
un crimen de lesa patria.
El autor es Contador Público Autorizado
Ex miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016 y
Diputado al Congreso Nacional 2002-2006