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Ministerio Público reafirmó que el acusado levantó un patrimonio derivado del soborno y el lavado de activos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público reiteró este lunes que el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, implicado en el caso Odebrecht, manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas con el pago de sobornos.
La afirmación fue hecha por los miembros del Ministerio Público durante la continuación de la lectura de la acusación en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los seis imputados de recibir sobornos de los US$92 millones que la empresa brasileña admitió haber pagado en República Dominicana para la obtención de dichos contratos.
Por este caso de corrupción también son procesados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.
El Ministerio Público continuó con la lectura de la acusación, luego de que el tribunal ordenara la continuación del juicio tras rechazar un recurso de oposición a la defensa de Pittaluga Arzeno, que pidió referirse a una parte de los hechos imputados.
Los miembros del Ministerio Público destacaron que, “de acuerdo con las pruebas sobre los productos financieros de Pittaluga Arzeno en el período 2004 al 2017, se pudo determinar que el imputado manejó un total de RD$100,909,003.64, así como US$1,381,325.44 y EU$50,385.33”.
Indicaron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), específicamente por el pago de sobornos de Odebrecht al exfuncionario por la obra Autopista del Coral.
Señalaron que Pittaluga Arzeno, para sí y para el encartado Díaz Rúa, levantó un patrimonio derivado de las actividades delictivas propias del soborno y el lavado de activos, tipificada y sancionada por los artículos 5 y 8 (a) de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, norma jurídica que regía al momento de ocurrir esos hechos punibles.
Indicaron que se dedicó a crear y a adquirir empresas para recibir y pagar sobornos.
“Para obtener ilícitamente esos beneficios, Díaz Rúa auspició y aprobó, en su condición de secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, entre 2007 y 2012, la cesión y enmienda a los contratos de construcción y financiamiento de la Autopista del Coral, una de las obras que, mediante el tráfico de influencia y el soborno, logró Odebrecht que se le adjudicara en el país”, apuntaron.
Precisaron que Pittaluga Arzeno suscribió un contrato simulado de prestación de servicios de asesoría con la empresa Odebrecht, que sirvió como fachada para disfrazar los pagos de sobornos de esta empresa destinados a Díaz Rúa. Además, con esos fines, procedió a la creación de una compañía pantalla offshore a través de la cual recibió el dinero ilícito.
Indicaron que Pittaluga adquirió la compañía Newport Consulting LTD con sede y cuenta bancaria en Antigua y Barbuda, que operaba como un paraíso fiscal, y destacaron que la constructora Odebrecht se valía de esa compañía, existente solo en papeles, para depositar el dinero ilícito destinado al entonces secretario de Obras Públicas.
Durante la lectura de la acusación contra Pittaluga Arzeno, los representantes del órgano persecutor de la corrupción señalaron que los documentos de la Superintendencia de Bancos permitieron establecer que el imputado manejaba más de una veintena de cuentas de ahorros y corrientes, propias o de empresas controladas por él, las cuales empleaba para distribuir fondos ilícitos, mezclándolos con ingresos de otra naturaleza.
La Tesorería de la Seguridad Social, mediante la certificación DAE-TSS-2017-6307, del 12 de octubre de 2017, documenta que Pittaluga Arzeno reportó en el período de 2003 a 2017, bajo el NSS.01252413-4, ingresos brutos anuales por concepto de salario ascendente a RD$9,768,302.56.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo y los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
En audiencias anteriores, el Ministerio Público leyó la acusación contra Ángel Rondón Rijo, a quien acusa de haber recibido casi 1,000 millones de pesos y más de dos millones de dólares producto de sus acciones delictivas con Odebrecht, así como la Víctor Díaz Rúa al que le atribuye maniobrar para difuminar el rastro de más de RD$400 millones.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron el receso del juicio hasta las 2:30 de la tarde para continuar con la lectura de la acusación contra el imputado Andrés Bautista García.
