victorsuarez158 SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el cierre de los palacios de justica del país y de las audiencias virtuales.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, dijo que esas medidas ponen en peligro el ejercicio del Derecho en la República Dominicana, ya que dichos juicios no se encuentran instituidos en ninguna ley.
Denunció que “la actual situación contenida en ocho resoluciones emitidas por el Consejo del Poder la Judicial violan los derechos constitucionales del acceso a una justicia rápida, accesible, oportuna y gratuita, así como los artículos 4, 6, 7, 69, 71, 72, 93, 149, 156, 157, 162 y 266.6 de la Carta Magna”.
“Luego de más de tres meses en estado de parálisis judicial, nos encontramos con que el Consejo del Poder Judicial no anuncia fecha para apertura de la Justicia y se limita a anunciar el inicio de actividades judiciales ordinarias no presenciales, es decir virtuales, a través de plataformas tecnológicas de video conferencias, internet, llamadas y juicios ‘virtuales’, estableciendo la imposibilidad de accesos inmediato a los tribunales, cortes en solo 15 de los 85 palacios de justicia”, explicó.
Aclaró que “el perjuicio no solo es de los abogados, sino de la ciudadanía en su conjunto, pues solo podrá acceder a la justicia quien tenga un computador, internet y el programa microsoft teams, cuando la Constitución garantiza el acceso a las vías de derecho de manera gratuita, fácil, sin impedimento alguno y sin distinción, se tenga o no data”.
Declaró que “el Consejo del Poder Judicial, en violación a la Constitución, pretende modificar toda la normativa procesal dominicana. Es decir, mediante resoluciones se está modificando el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Trabajo, el Código de Comercio, la Ley 108-05, la Ley 821 de Organización Judicial, que de manera clara y precisa consagran y confirman que los procesos judiciales, los juicios son públicos, orales, contradictorios, caracterizados por la inmediación, flagrante vulnerado con la virtualidad, lo que implica que mediante una videoconferencia el ciudadano será juzgado, podrá perder sus bienes patrimonios, ser condenado en la total clandestinidad, pues los juicios virtuales solo los ve el que tiene el link, no son públicos, ni son seguros”.
Advirtió que “de implementarse el sistema virtual en juicios, más del 85% de los abogados quedaría fuera, sin sustento alguno, pues se excluye a los que no tengan cámara e internet. Peor aun, más del 90% quedaría sin tutela judicial, pues quien no tenga internet y conocimientos de computadora no tiene justicia”.
“Convocamos a una protesta nacional contra la privatización y digitalización de la justicia que iniciará con concentraciones y marchas en los palacios de justicia, y una gran consulta plebiscito de apoyo a la lucha en defensa de la justicia efectiva”, expresó.
La protesta incluye un gran plebiscito el viernes 3 de julio para que todos los abogados del país manifiesten su apoyo a la lucha por la apertura de la justicia y en contra los juicios virtuales.#victorsuarezCRD
