Santo Domingo, 17 jun (EFE).- Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos dominicanos sobre supuestos nexos de esas formaciones con el narcotráfico han envenenado la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas que el país celebrará el 5 de julio.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder desde 2004, y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal de la oposición, se han acusado mutuamente de recibir recursos de origen ilícito para sus respectivas campañas y el asunto se elevó este miércoles a la jurisdicción de la Junta Central Electoral.
DETENCIÓN DE DIRIGENTE OPOSITOR, EL DETONANTE
El tema surgió tras la detención la semana pasada del dirigente del PRM Yamil Abreu Navarro, pedido en extradición por Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional.
El PLD pidió hoy al órgano electoral que investigue los aportes que Abreu Navarro habría hecho al PRM, al tiempo que solicitó que aclare si la candidatura del aspirante a senador Franklin Romero, también del PRM, cumple con los requisitos establecidos en la ley, ya que, afirma, también tuvo vínculos con el tráfico de drogas.
De acuerdo con el PLD, hay candidatos del PRM relacionados con el narcotráfico en al menos 10 de las 32 provincias del país.
En respuesta a las acusaciones, el PRM, con una ligera ventaja según las encuestas, ha desafiado a la formación oficialista a que se someta a una investigación por parte de instituciones internacionales para determinar si se ha financiado con fondos procedentes del narcotráfico.
“Retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, ya sea la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero de narcotráfico”, dijo el presidente de la formación opositora, José Ignacio Paliza, el lunes en rueda de prensa.
ACUSACIONES ELECTORALISTAS
Las acusaciones, unidas a “innumerables violaciones” a la Constitución y a las leyes durante la campaña, así como la falta de propuestas por parte de los candidatos, preocupa a instituciones como Participación Ciudadana (PC), capítulo local de Transparencia Internacional.
En declaraciones a Efe, el director ejecutivo de PC, Carlos Pimentel, criticó que en el país no existan “instituciones creíbles” para investigar las citadas denuncias, que, lamentó, se realizan en ruedas de prensa y no ante el Ministerio Público, como corresponde.
En la campaña electoral “se ha visto un derroche de recursos económicos, algunos lícitos y otros no” y las denuncias sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico “pudieran tener mucha veracidad” pero han sido presentadas “con mucha irresponsabilidad” lo que, a su juicio, “les da un matiz político-electoral”.
“Al final las discusiones se quedan en quién tiene más capos en sus filas”, subrayó.
UNA CAMPAÑA “SUCIA”
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) lamentó hoy “el derrotero que viene observándose en el actual proceso electoral, carente de propuestas y debates constructivos, con la atención centrada en el narcotráfico, la corrupción administrativa, una guerra y manipulación de encuestas y la generalización de prácticas difamatorias y campañas sucias”.
La entidad cívica dijo ver “con mucha preocupación” el hecho de que los políticos “hayan convertido el escenario electoral en un infierno, donde todo se vale, justificando los medios por el fin u objetivo perseguido, en prácticas y acciones despiadadas y maquiavélicas, propias de tiempos que ya creíamos haber superado”.
En las elecciones se elegirá al sucesor del presidente, Danilo Medina; y los principales candidatos son Gonzalo Castillo, del PLD; Luis Abinader, del PRM; y el expresidente Leonel Fernández, de la recién creada Fuerza del Pueblo.
