AMPARO PREVENTIVO DE EXTREMA URGENCIA,

 

 

 

A LOS                                   :           Honorables Magistrados, Juez-Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

 

ACCIONANTES                 :           José Alberto Peña Cabreja, Ygnacio Sesilio Guerrero Tavarez, José Agustín Tavárez Gil, Carmen Zinaida Monserrat Rodríguez Santos, Marino Ramírez Grullón, Máximo Ramón Eurípides Cabral Jiménez, Rubén Benigno José Camilo Rivas, Julio Eduardo Martínez Díaz, Anthony Pérez Díaz, Pedro Morillo, Willian Radhamés Pérez Peña, Gregorio Guillermo de Jesús Díaz Gómez, Ángela Altagracia Genao Rodríguez y Rafael Díaz.

 

Asunto                                :           Solicitud de auto de citación y fijación de audiencia, conjuntamente con la Formal Interposición de Acción de Amparo Preventivo de extrema urgencia y solicitud de medida cautelar, en virtud de los artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley No. 137-11, d/f, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procs. Constitucionales (LOTCPC), en contra la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), y su Comisión Electoral, en ocasión del proceso eleccionario de la asociación por la conculcación al debido proceso de ley, violación a los estatutos y la afectación de la seguridad jurídica, derechos adquiridos e impedimento del ejercicio al derecho al voto, todo ello en violación a la constitución de la República y a los artículos 14, 15 y 20, numerales a) y d) y rigen dicha asociación, así como los artículos 22 y 23 del Reglamento Electoral de la institución.

 

Abogados                          :           Trajano Vidal Potentini Adames, Heriberto Rivas y Jhonny Antonio Rodríguez.

 

Derechos conculcados:           1.- Derecho a la igualdad (Artículo 39 de la Constitución).

 

  1. Derecho al debido proceso (artículo 69, acápites 2, 4 y 7 de la Constitución).

                                                        

  1. El principio de legalidad, la irretroactividad de las leyes y la seguridad jurídica, (artículo 40.15 y 110 de la Constitución).

 

Anexos                                :           1.- Estatutos de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE) del 28 de febrero de 1884, con su última modificación del 22 de octubre del año 2011.

 

  1. Reglamento Electoral de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE), aprobados el 11 de septiembre del 2004.

 

                                                           3.- Resolución No. 01-2015, del Comité Ejecutivo de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE), del 24 de noviembre del 2015.

 

                                                           4.- Resolución No. 01-207, de la Junta de Elecciones 2017 de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE), del 22 de mayo del 2017.

 

                                                           5.- Resolución No. 012-207, de la Junta de Elecciones 2017 de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE), del 23 de mayo del 2017.

 

                                                           6.- Resolución No. 03-207, de la Junta de Elecciones 2017 de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE), del 25 de mayo del 2017.

 

                                                           7.- Copia del Padrón Electoral del 2015 de la Filial de Santo Domingo de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE).

 

                                                           8.- Copia del Padrón Electoral el 2015 de la Filial de Santiago de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE).

 

                                                           9.- Copia del Padrón Electoral el 2015 de la Filial de Nueva York de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE).

 

                                                           10.- Copia del actual Padrón Electoral de la Filial de Santo Domingo (conseguirlas todas) de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE).

 

                                                           11.- Lista de asistencia de los miembros a la Asamblea Ordinaria del 20 de agosto de 2016 de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE).

 

                                                           12.- Lista de asistencia de los miembros a la Asamblea Ordinaria del 20 de agosto de 2016 de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE).

 

                                                           13.-Copia del acto No. 1034, del 31 de mayo del 2017, instrumentado por el ministerial, Rafael Eduardo Marte Rivera, notificando a ACORARTE “Comunicación y reclamación de derecho al voto”.

 

Honorables Magistrados:

 

Los suscritos José Alberto Peña Cabreja, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0101365-8, domiciliado y residente en la Calle 40, #02, Embrujo III, Santiago de los Caballeros, República Dominicana; Ygnacio Sesilio Guerrero Tavarez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0191194-3, domiciliado y residente en la Buena Vista, Casa #28, Los Álamos, Santiago de los Caballeros, República Dominicana; José Agustín Tavárez Gil, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0311133-6, domiciliado y residente en la Manzana 35, Piso 4, Apto. 4-B, Villa Olímpica, Santiago de los Caballeros, República Dominicana; Carmen Zinaida Monserrat Rodríguez Santos; dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0463939-8, domiciliado y residente en la Av. Gustavo Mejía Ricart, #54, Torre Solazar, Apartamento 3E, Ensanche Naco, República Dominicana; Marino Ramirez Grullon, Dominicano, mayor de edad, casado, Periodista de la República, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0090981-1, Domiciliado y Residente, en la Calle Nicolás Ureña de Mendoza Casa # 119, Sector los Prados Santo Domingo, Distrito Nacional, Máximo Ramón Eurípides Cabral Jiménez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0456396-0, domiciliado y residente en la Av. Gustavo Mejía Ricart, #4, Torre Solazar, Apartamento 3E, Ensanche Naco, República Dominicana; Rubén Benigno José Camilo Rivas, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0152177-1, domiciliado y residente en la Manz. G, Res. Ciudad Real I, Casa 11, Altos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, República Dominicana Ángela Altagracia Genao Rodríguez, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad y electoral # 001-1852504-7, con domicilio y residencia en la calle Federico Geraldino, número 29, del sector de Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; Anthony Pérez Díaz, dominicano, mayor de edad, Pasaporte No. 497259617, domiciliado y residente en la 90 Bismark St. Providence, RI 02904, Estados Unidos; Pedro Morillo, domiciliado y residente en la 700 West 175 St. #2H New York, NY 10033, Pasaporte No. 423129406; Willian Radhamés Pérez Peña, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1118722-5, domiciliado y residente en la 137 Arlington Street, Lauwrence, MA 01841, Estados Unidos; Julio Eduardo Martínez Díaz, portador de la cedula de identidad Numero 223-094060, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado en el 130 NE 98th St en Miami Shores, FL 33138, Gregorio, Estados Unidos; Guillermo de Jesús Díaz Gómez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 094-0012990-5, domiciliado y residente en la Calle Víctor Delmonte Consuegra, No. 39, Villa González, Santiago, República Dominicana y Rafael Díaz, dominicano, mayor de edad, NYC Identification Card No. 16240383017741, domiciliado y residente en la 1684 Grand Concoure, Apt. # 0ff, Bronx, N.Y. 10457, Estados Unidos, quienes tienen como representante a la firma de abogados  Trajano Potentini & Asocs. S.R.L, firma de abogados constituida en atención a las leyes de la República, con sus oficinas y domicilio social en la Calle Juan Sánchez Ramírez #21, Edif. Grace Sofía, suite. # 201, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana, provista del registro nacional del contribuyente (RNC) #1-31-09876-2, al día en todas sus obligaciones tributaria e inscrito en la oficina de contrataciones públicas con la calidad de proveedor del estado, bajo el registro (RPG) número 38886, representada a su vez, y con la calidad de abogados constituidos y apoderados especiales, los señores, Trajano Vidal Potentini Adames, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0372783-0, abogado de los tribunales de la República, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán; Dr. Heriberto Rivas Rivas, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 078-0006954-9, abogado de los tribunales de la República, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán y Dr. Jhonny Antonio Rodríguez, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0178958-0, abogado de los tribunales de la República, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, y todos específicamente para el caso presente hacen elección de domicilio en la dirección y oficinas de la firma de abogados, donde además los recurrentes hacen formal y expresa elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales de la presente instancia, Con motivo de la presente acción de amparo preventivo de extrema urgencia y solicitud de medida cautelar por la conculcación al debido proceso de ley, afectación de la seguridad jurídica, derechos adquiridos e impedimento del ejercicio al derecho al voto, en contra de ACROARTE y su Comisión Electoral.

 

  1. Descripción de los hechos: violación al debido proceso y al derecho a la igualdad, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, a las disposiciones de los Estatutos y del Reglamento Electoral, en la decisión de retirar el del derecho al voto de los miembros pasivos de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE).

 

1.1      La Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (en lo adelante ACROARTE), fundada el 28 de febrero de 1984, e incorporada mediante decreto No. 241 del Poder Ejecutivo del 19 de septiembre de 1986. Desde sus inicios ha venido celebrando las Elecciones de su Junta Directiva, cada dos años, el último sábado del mes de junio del año correspondiente, permitiendo el derecho al voto a todos los miembros, sin distinción de categoría, tal y como lo establece el artículo 20, de los Estatutos de ACROARTE, en su acápite a, al disponer: “Art. 20.- Todos los miembros de ACROARTE tienen derecho a: a) Elegir y ser elegido…”

 

1.2      El Comité Ejecutivo de ACROARTE, el 24 de noviembre del 2015, emitió la Resolución No. 01-15 (anexa), mediante la cual, fundamentada en los artículos 14 y 15 de los Estatutos, que establecen: “Art. 14.- Miembros Activos: Son aquellos que están al día en el pago de sus cuotas, que hayan asistido a las tres últimas asambleas y participen con regularidad en las actividades que convoque la institución. Art. 15.- Miembros Pasivos: Son aquellos que no cumplen con el artículo 14, por lo que pierden sus derechos deliberativos, siempre y cuando no presenten excusas justificadas por escrito o personal, habiendo sido convocados regularmente”; decidió, lo siguiente: “RESUELVE: Que hasta tanto dichos miembros no se pongan al día cumpliendo con los requisitos y con sus deberes para con la institución, pasan a la categoría de miembros Pasivos, tal como lo establece el artículo 15 de los Estatutos por lo que pierden sus derechos de militantes  Activos, quedando sin derecho a voz ni voto en la toma de decisiones de la institución. PÁRRAFO 1: Se le ordena a las filiales de Santiago, Nueva York y La Florida, aplicar esta resolución y enviar al Comité Ejecutivo una lista de los miembros Activos y los que pasan a la categoría de Pasivos, antes del15 de febrero de 2016, y de ahí en adelante, establecer un registro de asistencia a las actividades que realicen y que deberá ser enviado al Comité Ejecutivo. PARRAFO 2: La Directiva Ejecutiva de ACROARTE comenzará a aplicar esta resolución a partir del 15 de febrero de 2016 a todos los miembros que se encuentren en dicha situación, tanto en la sede central como en las fi1iales. Los miembros que pasen a la categoría de Pasivos deberán ser informados inmediatamente mediante una comunicación escrita, donde se le explique las razones, así como los pasos para retomar la categoría de Activos”.

 

1.3 Posteriormente, la Junta de Elecciones 2017, de ACROARTE, emitió el 22 de mayo del 2017, su Resolución No. 01-2017, mediante la cual dejó abierta las elecciones del gremio, fijó para el día 24 de junio de 2017 dichas elecciones y estableció los horarios de votación para cada filial.

 

1.4 El 23 de mayo del 2017, dicha Junta de Elecciones emitió su Resolución No. 02-2017, en la cual en su dispositivo, ordinales cuarto y quinto, establece lo siguiente: “CUARTO: Visto lo anterior, la Junta de Elecciones, resuelve lo siguiente: Aquella persona que no aparezca en la lista de miembros activos,[1] tiene derecho a solicitar mediante carta a esta Junta de Elecciones, la revisión de su condición de miembro pasivo, a la luz de lo antes citado, (artículos 14 y 15 y Resolución 01-14); QUINTO: La carta de la persona interesada debe ser entregada en la sede de Acroarte. Se permitirá también su entrega debidamente firmada y escaneada, a través del correo personal del interesado al siguiente correo de la Junta de Elecciones de Acroarte, que es el que sigue, jeacroarte2017@gmail.com con copia al correo del Presidente de la Junta, que es el que sigue, josetejadagomez@gmail.com. La carta debe ser entregada antes del 2 de junio de 2017.”;

 

1.5 Dos días después, es decir, el 25 de mayo del 2017, dicha Junta de Elecciones emitió su Resolución No. 03-2017, en la cual en sus escueta motivación, dispone, entre otras cosas, lo siguiente: “Ante la Resolución No. 02-2017 que permite a quienes no estén en la lista preliminar de votantes[2] dada a conocer por esta Junta de Elecciones, solicitar mediante carta la revisión de su status para que se reconozca la condición de miembro activo, esta Junta de Elecciones ha decidido la metodología siguiente para verificar tal derecho”, estableciendo en su dispositivo, las actuaciones que realizaría para elaborar la lista de votantes.

 

1.6 Para sorpresa de los accionantes, no aparecen en la lista de votantes, dada a conocer por ACROARTE, en franca violación a los Estatutos del gremio en su artículo 20, acápite a), que establece: Art. 20.- Todos los miembros de ACROARTE tienen derecho a: a) Elegir y ser elegido[3]…”; así como a los artículos 22 y 23 del Reglamento de Elecciones de dicha institución, que establecen: “Art. 22.- La Junta de Elecciones dará una gracia para que todos los miembros, sin excepción ni discriminación, puedan ejercer el derecho al voto,[4] sin que esta gracia implique un saldo total ni en parte de su cuota como miembros de Acroarte. Art. 23.- Todos[5] los miembros de ACROARTE participarán en igualdad de condición en las elecciones generales para elegir el Comité Ejecutivo”.

 

  1. Legitimación activa y resumen de las pretensiones de los accionantes

 

2.1      Legitimación en relación con el proceso impugnado

 

2.1.1) En virtud del Artículo 65 de la Ley Núm. 137.11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, son actos impugnables en amparo tanto los actos como las omisiones de las autoridades o los particulares “que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data”. Con la actuación de que se trata, la Junta Directiva de ACROARTE, convertida en Junta de Elecciones 2017, ha violentado el debido proceso, establecido en el artículo 69 de la constitución, al no advertir a sus miembros, que la intención real de que se actualizarán como miembros activos, era para restringirles el derecho al voto a los miembros pasivos, en franca violación establecido en el artículo 20, acápite A, de los Estatutos de la institución, que establece el derecho al voto  sin distinción de categoría, cuando dispone: Art. 20.- Todos los miembros de ACROARTE tienen derecho a:a) Elegir y ser elegido…; y el derecho a la igualdad, establecido en el artículo 39 de la constitución, así como en el artículo 20, acápite a), antes descrito, así como en los  artículos 22 y 23 del Reglamento Electoral, que disponen: “Art. 22.- La Junta de Elecciones dará una gracia para que todos los miembros, sin excepción ni discriminación, puedan ejercer el derecho al voto,[6] sin que esta gracia implique un saldo total ni en parte de su cuota como miembros de Acroarte. Art. 23.- Todos[7] los miembros de ACROARTE participarán en igualdad de condición en las elecciones generales para elegir el Comité Ejecutivo”.

 

1.1.2) Procede el amparo preventivo por ante Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra el procedimiento en cuestión, porque es la vía expedita creada por la norma para resolver los conflictos surgidos entre las instituciones privadas y sus miembros.

 

2.2 Legitimación en relación con la naturaleza jurídica de las partes accionantes.

 

2.2.1) Las partes accionantes, José Alberto Peña Cabreja, Ygnacio Sesilio  Guerrero Tavarez, José Agustín Tavarez Gil, Carmen Zinaida Monserrat Rodríguez Santos, Máximo Ramón Eurípides Cabral Jiménez, Rubén Benigno José Camilo Rivas, Anthony Pérez Díaz, Pedro Morillo, Willian Radhamés Pérez Peña, Gregorio Guillermo de Jesús Díaz Gómez, Marino Ramírez Grullón, Julio Eduardo Martínez Díaz, Ángela Altagracia Genao Rodríguez y Rafael Díaz, son  miembros de la Accionada ACROARTE.

 

2.2.7) La legitimación normativa se origina en los artículos 67 y 69 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC), que permiten interponer la acción de que se trata a: “Toda persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales mediante el ejercicio de la acción de amparo, y asimismo, a: “Las personas físicas o morales están facultadas para someter e impulsar la acción de amparo cuando se afecten sus derechos o intereses colectivos y difusos”.

 

            2.3 Legitimación en relación con los derechos cuya vulneración se trata de impedir.

 

2.3.1) El debido proceso está establecido en el artículo 69 de la Carta Magna, disponiendo, lo siguiente: “Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1.- El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2.- El derecho a ser oída, dentro de un plazo y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad a la ley; 3.- El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencias irrevocable; 4.- El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con derecho al derecho de defensa; 5.- Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6.- Nadie será obligado a declarar contra sí mismo; 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistencia al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. 8. Es nula toda prueba obtenida en la violación a la ley. 9. Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurre la sentencia; 10 Las normas debido procesos se aplicaran a toda clase de actualizaciones judiciales y administrativas”. De acuerdo al texto de referencia, las actuaciones recurridas tiene la intención o pretensión de restringir el derecho al voto a los miembros pasivos de la institución, sin siquiera haberles advertido que sus actuaciones (exigencias de actualizarse como miembros activos) tenían como finalidad tal restricción, violentando así el debido proceso, especialmente su derecho de defensa, y por tanto contrariando el mandato del Art. 69 constitucional.

 

2.3.2) El Derecho a la igualdad establecido en el artículo 39 de la Carta Magna, disponiendo, lo siguiente: “Articulo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, edad, discapacidades, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política y filosófica, condición social o personal”. El derecho al voto de los miembros de ACROARTE, se encuentra establecido como ya lo hemos citado y reiteramos para todos los miembros, sin distinción, tanto en los Estatutos del gremio en su artículo 20, acápite a); así como a los artículos 22 y 23 del Reglamento de Elecciones de dicha institución.

 

En el caso ocurrente, la Junta de Elecciones de ACROARTE, ha desbordado los límites de las facultades que le confieren los Estatutos y el Reglamento de elecciones, sacado del padrón electoral de dicha institución a los miembros pasivos, en franca violación al debido proceso y al derecho de igualdad, sobre los cuales se ha referido el Tribunal Constitucional Dominicano, como veremos más adelante.

 

3.-       ASPECTOS PROCESALES

 

3.1 ADMISIBILIDAD DE LA ACCION

 

3.1. Tal como lo dispone la Ley Núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales (LOTCPC), publicada en la Gaceta Oficial Núm. 10622, de fecha 15 de junio de 2011, Art. 65, La acción de amparo será admisible contra todo acto omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data.

 

3.1.1. A que, asimismo, en virtud del Art. 72-LOTCPC  Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. En la especie, existe una amenaza seria y grave de alteración del orden constitucional, por el cobro de impuestos ilegales, abusivos y arbitrarios, afectando derechos colectivos y difusos.

 

3.1.2. A que por definición normativa la acción constitucional de amparo es admisible […] contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y en la especie se trata de una demora consciente y de actos tendentes a permitir la afectación de derechos a un colectivo en particular.

 

3.1.3. A que en su misión institucional el juez de amparo sólo declara la inadmisibilidad de un asunto cuando existen otras vías judiciales aptas, cuando se viola el plazo de sesenta días que sigan a  la fecha en la que el agraviado toma conocimiento del asunto o cuando la petición de amparo resulte inaceptable.

 

3.1.4. A que en la especie, ninguna de esas causales se configuran, al tratarse de una omisión cuyos efectos concretos se tratan de impedir para impedir, a su vez, la infracción constitucional.

 

3.1.5. A que el juez de amparo puede suplir de oficio cualquier medio de derecho, en virtud de la regla dispuesta al efecto por el Art. 85-LOTCPC.

 

3.2. Admisibilidad en atención a los plazos. Entre el momento en que los accionantes…., advierten la vulneración de derechos de que se trata, hasta la fecha, apenas han transcurrido menos de treinta días, siendo la fecha máxima de sesenta (60) días, para estar en el plazo hábil.

 

3.2.1 Admisibilidad por inexistencia de vías más afectivas. En el caso ocurrente no existe otra vía más efectiva para obtener la reparación a la vulneración de derechos de que se trata. Amén de que el amparo es la vía idónea que tiene toda persona para tutelar los derechos fundamentales vulnerados, cuando asume las características de un amparo preventivo, como en la especie, lo hace porque el acto atacado no está vigente en la actualidad, sino se trata de una amenaza de vulneración de derechos, inminente y concretarse el próximo 24 de junio.

 

3.3 JURISDICCION COMPETENTE.

 

3.3.1 A que en materia de amparo será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado, de acuerdo a la previsión del Art. 72 de la Ley 137-11-(LOTCPC).

 

3.3.2 A que el artículo 74 de la referida ley prevé el criterio de más afinidad, al referir la competencia en materia de amparo a las jurisdicciones especializadas, que guarden mayor relación con la naturaleza, materia y ámbito de protección del derecho fundamental conculcado, en consecuencia cuando los actos u omisiones emanen de cualquiera de cualquier estamento de naturaleza privada (caso de la especie) generando una violación o posible violación, la competencia será de la Jurisdicción civil, por tratarse de un conflicto entre los miembros de una asociación privada.

 

3.3.3 A que en el presente caso el conflicto surge entre los miembros de ACROARTE, y las decisiones de su Junta Directiva, ahora convertida en Junta de Elecciones, tal como establecen sus estatutos, sólo a estos fines.

 

4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO.

 

4,1.- Concepto, alcance y finalidad de la Acción de Amparo

 

4.2 A que el amparo doctrinalmente es concebido como una figura jurídica de carácter procesal constitucional, destinada para que cualquier persona, independientemente de su raza, religión, sexo o nacionalidad, pueda impetrar por ante los tribunales competentes, por intermedio de un procedimiento preferente, sencillo y expedito, que éstos procedan a restituir o garantizar un derecho fundamental vulnerado o amenazado[8]

4.3.- A que La Corte Constitucional colombiana, por sentencia No. C-543/92, al referirse al amparo o tutela lo define con gran precisión al considerarlo como una acción “concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental”.

 

4.4.- A que El amparo se activa cuando el ejercicio y goce de un derecho reconocido por la Constitución, por un tratado internacional o por una ley, siempre con categoría de derecho fundamental por efecto de los dictados constitucionales, se vea amenazado, restringido o alterado en forma actual o inminente por un acto o una omisión de una autoridad pública o hasta de un particular.

 

4.5.- A que De igual forma, el jurista y ex presidente del Tribunal Constitucional ecuatoriano, don Marcos Morales Tobar, recoge e integra características y elementos sustantivos del amparo al definirlo como “una acción que, mediante un procedimiento ágil, sencillo y oportuno, garantiza la vigencia de un derecho subjetivo, de un interés general simple, difuso o colectivo contemplado en el texto constitucional o en los tratados internacionales, o en la doctrina constitucional”.[9]

 

  1. OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADOS POR LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACROARTE Y SU COMISIÓN ELECTORAL.

 

5.1.- con la reducción del padrón electoral en más de un 40%, acorarte, conjuntamente con su comisión electoral, permiten por omisión y comisión la afectación de la seguridad jurídica y la irretroactividad de las disposiciones normativas, de los miembros pasivos de ACROARTE, conculcando además el principio de legalidad previsto también en el texto constitucional, y citamos:

 

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto: numeral 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;

 

Artículo 110.- Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

 

En consecuencia se advierte de que no era posible ni viable constitucional y legalmente, el que la comisión electoral se adjudicara la competencia de interpretar erróneamente los estatutos y las resoluciones de ACROARTE, despachándose con acciones contrarias al derecho y la razón afectando el principio de igualdad, los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de los miembros pasivos de la institución, pese a su reconocimiento efectivo, en los términos de disposiciones estatutaria y reglamentarias, además de una larga tradición del ejercicio del derecho al voto en todas las pasadas elecciones.

 

En suma constituye un hecho de notoria gravedad la deliberada determinación de la comisión electoral de ACROARTE, al interpretar una resolución, incluso divorciada y al margen de los estatutos, eliminando más del 40% de los miembros pasivos del gremio y con ello impidiéndole el derecho al voto, bajo el burdo alegato de que el artículo 15 de los estatuto dice que ellos pierden la capacidad deliberativa, lo mismo la letra d) del artículo 20, el cual también explica en similar contexto que los miembros pasivos no tienen derecho a participar en las reuniones con voz y voto, disposiciones que han llevado a la comisión electoral a pretender desmembrar a ACROARTE, sin entender que deliberar en términos semánticos y gramaticales supone discutir y analizar con más personas para tomar una decisión, de lo cual necesariamente se excluye el voto, por tratarse de un acto secreto, único e individual, como también lo seria sin voz ni voto, pero en las reuniones de la institución, nunca referido al proceso eleccionario para escoger el comité ejecutivo de ACROARTE.

 

 

5.2.1han obrado en franca y abierta contradicción a precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional dominicano:

 

5.2.1 El Debido Proceso es aplicable a los procesos internos de instituciones privadas.

 

5.2.1.1 En su sentencia TC/0002/15, del 28 de enero del 2015,  el Tribunal Constitucional dominicano, haciendo acopio de un precedente sentado por el Tribunal Constitucional de Perú, ha dejado establecido: “aduciendo que es una entidad regida por sus propias normas internas, ya que la garantía al respeto de los derechos fundamentales constituye un asunto de orden público que vincula a todas las personas sin distinción de su naturaleza física o moral, privada o pública, de acuerdo con normativa prevista en el párrafo capital del artículo 69 de nuestra Carta Magna, así concebido: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: […]. g. El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de precisar la aplicación de esta disposición en los siguientes términos: 10.4. Las garantías mínimas que, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución dominicana, conforman el debido proceso, sirven para definir el tipo de proceso respecto del cual debe exigirse su aplicación. Su análisis permite la conclusión, en consonancia con la jurisprudencia constitucional comparada, de que en sede administrativa su aplicación deberá ser exigida en los procedimientos administrativos sancionatorios y en aquellos que puedan tener como resultado la pérdida de derechos de las personas. [Sentencia TC/0201/13, del trece (13) de noviembre, págs. 26-27]. h. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha manifestado que cuando se trate de una institución de derecho privado (como es la CCPALT en la especie), cualquier afectación sobre el contenido de derechos fundamentales […] es susceptible no sólo de revisión en sede constitucional, sino de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada, respetando, desde luego, el procedimiento legal-estatutario –en el caso de organizaciones particulares– si lo hubiere.[10] Cónsono con el anterior razonamiento, y respecto del aludido derecho al debido proceso en el ámbito de relaciones inter privatos, la indicada alta corte expresó, además, en la referida sentencia, que: 51. […] si bien el derecho al debido proceso se encuentra en el título relativo a la función jurisdiccional (artículo 139°, inciso 3, de la Constitución), su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto que pueda afectar sus derechos. 52. En suma, el derecho fundamental al debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida que el principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio inherente a los postulados esenciales de un Estado social y democrático de Derecho y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora. 53. De ahí que el debido proceso se aplica también a las relaciones inter privatos, pues el que las asociaciones sean personas jurídicas de Derecho privado no quiere decir que no estén sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales; por el contrario, como cualquier ciudadano o institución (pública o privada), tienen la obligación de respetarlas, más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria sancionadora. En tal sentido, las asociaciones no están dispensadas de observar el estricto respeto del derecho fundamental al debido proceso, sea en sus manifestaciones de derecho de defensa, doble instancia, motivación resolutoria u otro atributo fundamental, debiéndolo incorporar a la naturaleza especial del proceso particular que establezcan; a efectos de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que poseen [Cf. STC N. 1461-2004-AA].

 

5.2.1.2 El Derecho de Defensa.

 

1.- Sentencia  TC/0044/12, del 21 de septiembre de 2012): “9.1.1. La accionante señala, en su escrito introductivo, que las disposiciones de los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00, sobre Derecho de Autor, desconocen su derecho fundamental a la defensa judicial, lo que a juicio de este tribunal constituye una aseveración jurídicamente incierta, en vista de que los referidos artículos conceptualizan en esencia el derecho de autor como un derecho inmanente que nace junto con la obra creada, por tanto, su reconocimiento, ejercicio y admisibilidad procesal no está sujeta a una inscripción en los registros, ya que dicha formalidad solo establece una presunción de titularidad que admite prueba en contrario; por lo que la naturaleza jurídica del derecho de autor establecida en la ley, en nada perjudica a la accionante en cuanto al ejercicio de las potestades procesales que supone el derecho de defensa, pues tal y como considera el Tribunal Constitucional de Perú: “…el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera que sea su materia. La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan” (Sent. 4945-2006-AA/TC de fecha 16 de agosto del 2006; Tribunal Constitucional de Perú). Es decir, que esa circunstancia señalada en la ley en nada perjudica los derechos procesales de la accionante, en el contexto de un juicio sobre derechos intelectuales, pues como bien establece la Ley, puede probar la autoría de la obra, aún ésta esté registrada, por todos los medios procesales disponibles para ello. Por tanto, dicho medio de inconstitucionalidad debe ser denegado. TC/0044/12, del 21 de septiembre de 2012).

 

2.- TC/0034/13, del 15 de marzo de 2013: “a) En la especie, la recurrente toma conocimiento pleno de que sus derechos son desconocidos o vulnerados cuando la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia emite la indicada Sentencia No. 53, la cual declaró inadmisible el recurso de casación contra la Sentencia No. 007-2010, dictada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, por haberse interpuesto el recurso de casación fuera del plazo de los treinta (30) días, pues la notificación fue hecha a los abogados constituidos por la recurrente. Esta alega que se ha vulnerado el derecho a la defensa por el hecho de no haberle notificado dicha sentencia a ella, como parte, sino a sus abogados constituidos. A prima facie parecería que el recurso fue interpuesto fuera del plazo de ley, pues fue el veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011), cuando se incoó el recurso de casación. b) En ese sentido, al verificar el expediente y los actos procesales, nos percatamos de que, ciertamente, el Tribunal Contencioso Administrativo emitió la Sentencia No. 007-2010, en fecha doce (12) de enero de dos mil diez (2010), y la notificó en la misma fecha a los abogados de la parte recurrente. c) La Ley No. 1494, que instituye la jurisdicción contenciosa administrativa establece, en su artículo 42, que: “Toda sentencia del Tribunal Superior Administrativo será notificada por el Secretario dentro de los cinco días de su pronunciamiento al Procurador General Administrativo y a la otra parte o partes.” El Código Tributario indica en su artículo 172: “Toda sentencia del Tribunal Contencioso Tributario será notificada por el Secretario dentro de los cinco días de su pronunciamiento al Procurador General Tributario y a la otra parte o partes”. d) De lo anterior se colige que, ciertamente, la legislación aplicable para asuntos contenciosos tributarios establece que la notificación de la sentencia debe hacerse a las partes que intervienen en el proceso, a través de la secretaría del referido tribunal. En este caso, conforme se indica en la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, la compañía BAT República Dominicana notificó al referido tribunal que hacía elección de domicilio en el estudio profesional de sus abogados con todos sus efectos y consecuencias jurídicas. e) Conviene precisar que las partes en el proceso son aquellas personas que, de alguna manera, se ven afectadas de forma directa y tienen un interés y una aptitud jurídica para reclamar en justicia sobre cualquier cuestión que deba ser resuelta por el tribunal. f) En lo que concierne a la elección de domicilio, esta es una prerrogativa establecida por una normativa, la cual, conforme lo que señala el artículo 111 de nuestro Código Civil, indica: “Cuando un acta contenga por parte de algunos de los interesados elección de domicilio para su ejecución en otro lugar que el del domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias, podrán hacerse en el domicilio convenido y ante el juez del mismo”; es decir, se trata de una prerrogativa que incumbe a las partes cuando quieran optar por un domicilio diferente al real. g) Ahora, si bien es cierto el hecho de que una de las partes haya elegido domicilio en el estudio de su abogado, en principio, esto no invalida tal notificación; ya el criterio jurisprudencial que en la actualidad abraza la Suprema Corte de Justicia es que si la parte notificada experimenta un agravio que afecte su derecho de defensa, sólo en ese caso la notificación carecerá de validez. h) La propia Suprema Corte de Justicia, en su sentencia de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), se expresó en el sentido de que: “(…) la notificación de la sentencia no fue realizada ni en la persona ni en el domicilio de la hoy recurrente, sino que fue hecha en el estudio profesional de sus abogados apoderados, cuyo mandato ad-litem finalizó con el pronunciamiento del fallo ahora atacado; que, como ha sido juzgado, se ha admitido como válida la notificación hecha en domicilio de elección de las partes, siempre que esa notificación , así efectuada, no le cause a la parte notificada ningún agravio que le perjudique en el ejercicio de su derecho de defensa (…)”. i) En el caso que nos ocupa, sí se ha producido un perjuicio, pues la recurrente no pudo interponer el recurso de casación dentro del plazo establecido, cuestión que resultó determinante para que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia inadmitiera el recurso y resultara comprometido el ejercicio del derecho fundamental de defensa. j) En esa misma tesitura el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil, expresa lo siguiente: “Cuando haya abogado constituido, no se podrá ejecutar la sentencia, sino después de haberle sido notificada, a pena de nulidad. Las sentencias provisionales y definitivas que pronunciasen condenaciones, se notificarán además a la parte, en su persona o en su domicilio, haciéndose mención de la notificación hecha al abogado”. k) Conviene resaltar que el artículo 116 del antes referido Código, apunta: “Las sentencias no pueden ser ejecutadas contra aquellos a quienes se les opone más que después de haberles sido notificadas (…)”, por tanto, al respecto, los plazos y ejecuciones serán computados una vez se produzca la notificación. l) No haber notificado a la compañía BAT República Dominicana, en su calidad de parte en su propio domicilio, independientemente del domicilio de sus abogados, teniendo la dirección exacta de la referida compañía, según consta en la notificación realizada por la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, de fecha doce (12) de enero de dos mil diez (2010), afecta el derecho a la defensa y el debido proceso establecido por el artículo 69, numerales 1, 2 y 7 de la Constitución de la República, que establece: “1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro del plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; (…) 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio”. m) El derecho de defensa no debe limitarse a la oportunidad de ser representado, oído y de acceder a la justicia. Este derecho procura también la efectividad de los medios para dar a conocer el resultado de un proceso y que nada quede a merced de la voluntad o dejadez del abogado que asiste al ciudadano, sino que la parte afectada conozca por una vía de acceso directo a ella la solución dada a un conflicto de su especial interés. n) El considerando sexto de la exposición de motivos de la señalada Ley Orgánica No. 137-11, dispone: “(…) el Tribunal Constitucional fue concebido con el objetivo de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”. o) La sentencia objeto del presente recurso de revisión violenta el debido proceso de ley y el derecho a defenderse que tiene la compañía BAT República Dominicana, al declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto en fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil diez (2011), toda vez que no se aportó prueba de que se hizo la correspondiente notificación a dicha razón social, parte afectada por la sentencia objeto del recurso. p) En cuanto a los alegatos presentados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en el sentido de que la Sentencia No. 007-2010, fue objeto de recurso de casación y que el mismo se notificó a la compañía BAT República Dominicana, esto no pudo comprobarse, puesto que ni en el escrito de defensa de la parte recurrida ni en el expediente relativo a la decisión emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se encuentra el referido Acto No. 190-2010, de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010), instrumentado por el ministerial A. E. C., aunque, no obstante, se hace mención del mismo.  (TC/0034/13, del 15 de marzo de 2013).

 

5.2.1.3 El Derecho de igualdad.

 

  1. TC/0002/15, del 28 de enero del 2015: “b. Para el tribunal a-quo resultan discriminatorios los literales a) y e), Párrafo 1, artículo 4 de los estatutos de la CCPALT, adoptados por la Junta Directiva de dicha institución en asamblea celebrada el veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012) y ratificados en la asamblea extraordinaria celebrada por dicha entidad el dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013), que rezan de la siguiente manera: Literal a): Los empresarios altagracianos; o sus representantes, siempre que estén apoderados con poderes especiales por escrito o empresas extranjeras con Registro Mercantil radicadas en la provincia con más de cinco años y de igual forma si van a ser representadas deben poseer poderes especiales por escrito de sus dueños o Consejos Directivos. Literal e): Los profesionales liberales altagracianos o aquellos que demuestren tener más de cinco años ininterrumpidos haciendo comercio o actividades vinculadas al sector comercial, tales como: Contadores, administradores de empresas, abogados, ingenieros civiles, arquitectos y afines (subrayados nuestros). c. El Tribunal Constitucional estima bien fundado el criterio del tribunal a quo respecto la interpretación que hizo de los previamente transcritos literales a) y e), por los motivos que se indican a continuación: En cuanto al literal a), porque dispone un privilegio en favor de los “empresarios altagracianos[11] ; o sus representantes” para su admisión como miembros de la CCPALT, estableciendo una discriminación en perjuicio de otros empresarios, salvo los incluidos en la referida disposición que no sean los “agricultores y ganaderos” (literal b), los del “sector de zona franca y turismo” (literal c), y las “instituciones bancarias o financieras” (literal d). Respecto al literal b), porque también privilegia, en términos análogos al caso anterior, a los “profesionales liberales altagracianos”, en perjuicio de otros profesionales. d. Este colegiado estima ambas limitaciones como contrarias al derecho de igualdad consagrado en el párrafo capital del artículo 39 de nuestra Carta Magna, que constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, el cual reza como sigue: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal (subrayado nuestro). e. Este derecho fundamental obliga al Estado dominicano, de acuerdo con el acápite 3 del indicado artículo 39, a “promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”. Con relación a la discriminación, la Corte Constitucional de Colombia la ha definido de la siguiente manera: […] un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica […]. El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende – consciente o inconscientemente – anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales […] (Sentencia T-098 de 1994)”.

 

5.3 Quieren hacerlo en forma arbitraria e ilegal desbordando el límite de sus facultades y violentando así el debido proceso, y los estatutos de ACROARTE.

 

  1. PELIGRO EN LA DEMORA Y APARIENCIA DE BUEN DERECHO

 

5.1.1 A que el “peligro en la demora “es una figura jurídica aplicable en casos en los que la violación de derechos fundamentales es inminente y justifica la presentación del asunto ante un juez como el de amparo, con capacidad para solventar cualquier dificultad de instrucción al actuar bajo los criterios de accesibilidad, celeridad, efectividad, favorabilidad, inconvalibilidad, oficiosidad y economía procesal desarrollados por el Art. 7-LOTCPC y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

 

6.1.2 A que, asimismo, el “peligro en la demora” versa sobre la posible frustración de derechos como resultado de la tardanza injustificada en la toma de decisión por un poder o autoridades, respecto de un asunto que requiera atención prioritaria. El juzgador de amparo puede dictar cuantas provisiones considere pertinentes, si no implican ni restitución ni entrega, sino simplemente, como en la especie, la protección del derecho cuya vulneración trata de realizarse bajo la cobertura de un poder normativo constitucionalmente conferido, pero mediante un ejercicio injusto, irregular e indebido.

 

6.1.3 A que la “apariencia del buen derecho” es la credibilidad objetiva y seria, que descarta las pretensiones manifiestamente infundadas, temerarias o cuestionables, evidenciándose en la presente acción un propósito justo, de interés colectivo, que pretende el respeto por el ordenamiento estatutario de ACROARTE.

 

7.-       PROCEDIMIENTO DE EXTREMA URGENCIA Y REDUCCIÓN DE PLAZOS

 

7.1 En virtud del Artículo 82-LOTCPC es posible acudir a un procedimiento de extrema urgencia, caso en el cual el reclamante actúa por instancia motivada, como en la especie, solicitando al juez de amparo que le permita citar al alegado agraviante a comparecer a audiencia a celebrarse a hora fija, aún en días feriados o de descanso.

 

7.2 El juez apoderado puede dictar auto autorizando al reclamante a citar a hora fija, el cual le será notificado al alegado agraviante junto con la instancia motivada, el escrito contentivo de la acción de amparo, los documentos y piezas que fueron depositados junto al escrito, así como la indicación de las demás pruebas que pretenden hacerse valer, con mención de su finalidad probatoria. El juez se asegurará de que haya transcurrido un tiempo razonable entre la citación y la audiencia. (Art. 82, Párr. I).

 

7.3 A que en la especie procede de manera urgente y efectiva el disponer de los medios procesales, que en el corto tiempo garanticen la efectividad y eficacia de la constitución, más aun con las característica propias del amparo, al preverlo la Carta Magna como un procediendo rápido y expedito, por demás condición indispensable para garantizar la inminente amenaza y segura conculcación de derechos, los cuales  en sus reclamos pudieran carecer de objeto porque el próximo 24 de junio, es la fecha en que ACROARTE estaría celebrando elecciones.

 

PRETENSIONES

 

Por los motivos y razones antes expuestas y las que en audiencia se alegarán, el accionante a través de su abogado constituido, de manera muy respetuosa tienen a bien solicitar a esta Honorable Sala lo siguiente:

 

1.-Pedimento Inicial

UNICO. EXPEDIR AUTO mediante el cual se autorice a la accionante a notificar al accionado, Junta Directiva de ACROARTE, Convertida en Junta de Elecciones y a su comisión electoral; a los fines de que comparezcan como fuere de derecho a la audiencia que al respecto fije ese Honorable Tribunal de primera instancia de lo civil y comercial;

 

2.-Conclusiones Finales

PRIMERO: ACOGER en cuanto a la forma y al fondo la presente acción de amparo, por estar hecha conforme a los artículos 76 y siguientes de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales y en consecuencia;

 

SEGUNDO: PRESCRIBIR las medidas necesarias para la pronta y completa restauración de los derechos fundamentales conculcados a los accionantes, de manera principal, ORDENAR a la Junta Directiva de ACROARTE, Convertida en Junta de Elecciones y a su comisión electoral; restablecer en lo inmediato, con la matricula completa de todos sus miembros, el padrón o lista de los integrantes de ACROARTE, permitiéndole en consecuencia el que puedan, como ha sido tradición y en consonancia con los estatutos y su calidad de miembros pasivos, el ejercer plenamente su derecho al voto.

 

TERCERO:  En calidad de medida precautoria, en el sentido previsto por el Art. 86-LOTCPC, ORDENAR LA reintegración inmediata del derecho al voto de todos los miembros de ACROARTE, en razón de qué apenas faltan menos de 12 días para la realización de las elecciones objeto del presente amparo, a celebrarse el próximo 24 de junio, todo ello hasta tanto este Tribunal conozca del asunto con carácter definitivo, ante la grave afectación de Derechos que implica la decisión de ACROARTE vía su comisión electoral, trabando así una medida precautoria y cautelar, en razón de las funciones y poderes de este Tribunal de primera instancia de lo civil y comercial como juez de amparo.

 

CUARTO: Accesoriamente y en atención a que ACROARTE persista en la negativa de cumplir con las estipulaciones de sus estatutos, no obtemperando a los requerimiento, vía resolución de este tribunal, el DISPONER un astreinte de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), por cada día de retardo en contra de ACROARTE, su comisión electoral y también solidariamente en contra de su principal incumbente, el señor Jorge Ramos, todo ello de conformidad con los artículos 50,89 y 93 de la LOTCPC.

 

QUINTO: Declarar la presente acción libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 de la constitución y 66 de la referida Ley No.137-11.

 

ES JUSTO Y ES DE DERECHO LO QUE SE LE PIDE Y ESPERA MERECER.

 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de junio, del año dos mil diecisiete (2017).

 

 

Lic. TRAJANO VIDAL POTENTINI ADAMES

Por sí, por Trajano Potentini & Asocs., y por los juristas, Heriberto Rivas Rivas y Jhonny Antonio Rodríguez,

[1

[8]ORTIZ Ahlf, Loretta. ¿Es el amparo un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos? En línea: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3066/9.pdf.

[9]MORALES TOBAR, Marcos. (2003). La acción de amparo y su procedimiento en el Ecuador. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Vol.1 No.001. Santiago, Chile, Pág. 278 [ref. 20 de noviembre de 2010].

[10] Sentencia T-690-07 del 1 de octubre de 2007, párrafos 51-53.

[11] Oriundo de la provincia La Altagracia.

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Víctor Suárez
Víctor Suárez, Republica dominicana, EldiariodeSantoDomingo.com, 809 805 2735

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