Declaración Pública

 

 
 
 La Fuerza Nacional Progresista, con motivo de la celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, por medio de la presente declaración pública y en relación a situaciones y procesos que afectan el destino de millones de dominicanos, fórmula las siguientes reflexiones, advertencias y reclamos. 
 
En primer término, consideramos necesario reformular pofundamente los enfoques con que vienen abordándose los temas del salario y el empleo en la República Dominicana. No es serio insistir en reclamar aumentos salariales sin enfrentar al mismo tiempo el grave problema de desnacionalización de los mercados laborales. Este fenómeno propio de los esquemas de capitalismo salvaje imperantes , impuesto en flagrante violación de la Constitución y las leyes de la República, constituye uno de los factores que más han contribuido a anclar los salarios reales promedio que reciben los dominicanos, en particular los de aquellos que carecen de calificación laboral, en los niveles de principio de los 90. En esas condiciones, es una impostura seguir hablando de lucha efectiva y sostenible contra la pobreza, o de mejorías en la productividad y competitividad general de los sectores de la economía. 
 
Destacamos que ese proceso también ha contribuido a degradar las condiciones laborales en los centros de trabajo, a la vez que introduce graves distorsiones en los sistemas de seguridad social con riesgo de convertirlos en inviables. En ese sentido, reclamamos tanto de las organizaciones que representan a los trabajadores y empresarios como del mismo Estado asumir con sinceridad y responsabilidad un compromiso de respetar cabalmente la regla del 80/20 del código de trabajo, y cuando esto no resulte posible en lo inmediato, restaurarla en forma progresiva, o bien impulsar procesos de mecanización y tecnificación en los sectores de agricultura y construcción. Estimamos que entre 300 a 400 mil dominicanos podrían accesar a esos empleos que en forma ilegal e injustificada les han sido negados, lo que tendría múltiples efectos benéficos. Dicho proceso debe comenzar por las obras públicas: resulta inaceptable qué en la mayoría de las dichas obras, incluidas, las emblemáticos asentamientos de la Ciudad Juan Bosch y la Nueva Barquita, la regla del 80/20, que fija la proporción de trabajadores extranjeros que pueden contratarse, prácticamente se ha invertido. 
 
Urge, además, que el gobierno revise la efectividad de la política de subsidios, en especial, en las zonas deprimidas o rurales. En la actualidad, se ha convertido en poderoso desincentivo de la integración de los dominicanos al trabajo rural o en áreas deprimidas, cuando existen muchos motivos para que la entrega de dichos subsidios y otros beneficios esté condicionada a la contratación de mano de obra nacional, y que sea, por tanto, herramienta de una política activa de empleos. También, es necesario que se regulen mejor los juegos de apuestas, que están perjudicando seriamente a la población más vulnerable y empobrecida, generando males sociales diversos, que afectan la productividad de los trabajadores, la estabilidad de las familias y el orden público. 
 
En otro orden, para que las decisiones sobre aumento salarial no resulten engañosas o ilusorias, resulta imperativo acompañarlas de una revisión y ajuste de los mecanismos de formación de precios imperantes en la economía dominicana. Aunque estos aspectos por lo común son ocultados o tratados en forma marginal, la realidad es que en todas las áreas relevantes de la economía existen altas concentraciones oligopólicas o monopólicas, que sustraen rentas de la población en forma abusiva e injusta, con la tolerancia o la complicidad del Estado, generando por demás altos niveles de corrupción estructural. Ese es otro factor, que junto a los antes expuestos, explica por qué siendo República Dominicana el país que ha tenido mayor crecimiento en todo el continente, es uno de los que peor ha distribuido los frutos de ese crecimiento. 
 
Finalmente, advertimos sobre los graves peligros en todos los órdenes acusa la miope y atrasada estrategia de sectores del alto empresariado, de atrincherarse en la isla buscando supuestamente “unificar el mercado insular de 20 millones de consumidores para el comercio y la inversión” Si bien es cierto que ese enfoque de política, en gran modo, ha sido condicionado e impuesto por poderes extranjeros, al través de la instrumentalización de los acuerdos DRCAFTA y EPA, no es menos cierto que resulta inapropiado para gestionar la seria crisis planteada por el Estado Fallido de Haití. Reiteramos que es un grave error histórico pretender responder a esa crisis descomunal y compleja induciendo una integración insular, con la expectativa de ejercer una suerte de hegemonía insular. 
 
 
El experimento de hacer que un Estado Débil y dependiente asuma la enorme carga de un Estado Fallido, además de constituir una cínica manipulación para complacer intereses foráneos, solo provocará un descalabro de proporciones sin precedentes. Las repercusiones de ese esquema en las condiciones de vida de las mayorías nacionales, que implicará intercambiar comercio por migración y nacionalidad, serán muy ventajosas para las oligarquías insulares pero muy perjudiciales para la mayoría de los dominicanos. Y lo que es peor: con ese esquema de relaciones, ni Haití podrá superar sus problemas como Estado y la República Dominicana se verá atrapada en un proceso de involución e inestabilidad que compromete su existencia y los niveles de vida de su población. Hacemos un llamado a los partidos políticos así como al movimiento sindical, popular y social, incluido el movimiento verde, a no seguir evadiendo estás duras realidades y los desafíos que nos plantean como nación. Santo Domingo 01 mayo, 2017. 3

 

About the Author

Víctor Suárez
Víctor Suárez, Republica dominicana, EldiariodeSantoDomingo.com, 809 805 2735

Be the first to comment on "Declaración Pública"

Deja un comentario

Tu email no será publicado.